Por Eduardo Epszteyn* nota publicada en Página 12
La ciudad de Buenos Aires genera diariamente un volumen de residuos sólidos urbanos (RSU) que supera las cinco mil toneladas. Esa cantidad, sumada a las seis mil que genera la provincia, son más de once mil que se entierran en sitios dispuestos por la Ceamse, en el Gran Buenos Aires. Esta realidad provoca que el sistema esté funcionando al límite y –dada la oposición de los vecinos– cada vez con mayores dificultades para el emprendimiento de nuevos rellenos sanitarios.
La ciudad de Buenos Aires es el único distrito –de los que vuelcan sus RSU en la Ceamse– que no puede instalar un sitio adecuado para disponer de la totalidad de sus residuos en su propio territorio. El alto costo ambiental y económico que paga por esa disposición en la provincia hace más necesario aún disminuir sus volúmenes de generación.
Actualmente, todas las grandes ciudades del mundo tienen como objetivo disminuir la generación de RSU. Sin importar el signo político que las gobierna, la reducción de residuos es una de sus metas. En el año 2005, Buenos Aires –una de las más importantes ciudades iberoamericanas– obtuvo su marco legal para cumplir este objetivo.
La ley 1854, de Basura Cero, brinda el marco normativo necesario para mejorar esta situación, previendo mecanismos para la disminución paulatina de residuos generados. Lamentablemente, el Poder Ejecutivo no ha hecho nada para implementarla.
El actual gobierno de la ciudad jamás aplicó como corresponde la ley y esgrime absurdas respuestas para justificarse, entre ellas, dice que el crecimiento de la economía implica un crecimiento en la generación de residuos que supera toda previsión, por lo que hace imposible alcanzar las metas previstas en la ley.
Más allá de la coyuntura económica, el sólo crecimiento vegetativo implica un incremento permanente de la generación, si esto no se contempla significa que no se está evaluando nada, típico de un gobierno que no ve más allá de la semana entrante. Para que los objetivos de la norma se cumplan deben ponerse en práctica los mecanismos previstos en la misma, cosa que no se ha hecho.
No se efectuaron como corresponde las campañas de educación e información destinadas a los vecinos, de tal manera que éstos participen separando los residuos en dos bolsas diferenciadas desde el hogar, ello a pesar de contar con los recursos necesarios para llevarlas adelante, previstos en el contrato actualmente vigente. No existe ninguna experiencia en el mundo de separación en origen exitosa sin una previa campaña de concientización. Esto para nosotros es un instrumento irrenunciable ya que consideramos que la participación social es un engranaje imprescindible en ésta y en cualquier propuesta de cambio socio-ambiental, y su demora en la puesta en práctica no deja de llamar la atención.
No se puso en práctica la recolección separada de residuos, con días para secos y días para recolección de orgánicos (sin esto, la separación en el hogar no sirve para nada), y se ha demorado el proceso de colocación de containers en cada vereda. Es absurda la posición del gobierno en decir que la ley no funcionó si jamás se aplicó. Evidentemente, el macrismo esconde otras intenciones.
Si la ley fracasa, todo hace suponer que uno de los objetivos que persiguen es volver al “mega-negocio” de la incineración. Esta es una práctica que está expresamente prohibida por la ley 1854. No obstante, el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, no tuvo ningún prurito en reconocer que reciben propuestas frecuentes de sistemas de combustión y que están evaluando la posibilidad.
Volver a este sistema representa un “negocio”, pero no mejora la situación. De implementarse, la ciudad debería afrontar, además de los riesgos ambientales que implica, un costo económico difícil de sostener por los vecinos (pasaríamos a pagar de 15 a 20 dólares por enterramiento de tonelada a más de 100 dólares por el mismo volumen incinerado).
Por otro lado, se pretende abandonar el concepto de zona limpia, que rige actualmente y que es el utilizado en las ciudades más modernas, para volver al sistema del pago de recolección por peso. De esta manera, se estaría regresando a los tiempos de Manliba –empresa del grupo Macri– sobre la cual pesaban numerosa denuncias, entre ellas, la de cargar escombros en el conurbano para incrementar el valor de su facturación.
Con el pago por peso, se estará creando un sistema en el cual todos los actores tendrán “interés” en que se genere cada vez más basura sin preocuparse por cómo queda la zona luego del paso del camión. Las empresas de recolección y la Ceamse, al facturar por peso, verán incrementados sus ingresos.
Volveríamos a un sistema que ya se probó y fracasó, en el cual se beneficia al que más basura recoge y no al que menos ensucia. Si se pretende realmente vivir en una ciudad más limpia y más sustentable en términos sociales y ambientales, debe implementarse en el nuevo pliego de recolección de residuos una política que priorice la calidad integral del sistema y aplicar correctamente la Ley Basura Cero. El bienestar de la población debe ser el primer objetivo de gobierno. Objetivo que, más allá de los discursos, no es perseguido por el ingeniero Mauricio Macri.
* Legislador porteño, bloque Diálogo por Buenos Aires.
