Hace unos días se dio profusa difusión a un incidente que se produjo en el barrio de Puerto Madero, entre personal de la Prefectura Naval Argentina y un automovilista que no tenía su constancia de seguro del automóvil en vigencia, tal como lo exige la legislación de la ciudad.
En virtud de que el automovilista se negaba a que su automóvil fuera retenido, como disponía la Prefectura, se atrincheró en su auto consiguiente, cámara de televisión mediante, hablar con el Ministro de Justicia de la Ciudad, Guillermo Montenegro quien, entre otras cosas le dijo que no estaba cometiendo ninguna infracción, que la Prefectura estaba reteniendo “inútilmente” al conductor y que podía retirarse del lugar si así lo deseaba.
Ante esa situación, el automovilista se retiró del lugar y la Prefectura quedó desautorizada en público y por televisión por el ministro macrista.
Sin embargo, el incidente pone de manifiesto que el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires no duda en desautorizar a una fuerza de seguridad ante miles de televidentes, a pesar de que la Prefectura había actuado de acuerdo a instrucciones precisas del Ministerio de Montenegro que habían sido dadas, incluso, por escrito.
Debido a que frecuentemente se producen incidentes con automovilistas que no aceptan que se les retenga el auto en caso de incumplir con las normas vigentes, la Prefectura envió un oficio fechado el 20 de febrero de 2008 a la Dirección General de Seguridad Vial (que depende del Ministro Montenegro) consultando sobre la legalidad y corrección del procedimiento de retención del vehículo frente a la falta de exhibición de requisitos legales por parte de conductores, tales como el comprobante del seguro obligatorio en vigencia.
Incluso la prefectura preguntó si el incumplimiento de la ley podía hacer incurrir a sus miembros en algún delito penal.
La Dirección General de Seguridad Vial contestó, con fecha 25 de febrero de 2008, que la Prefectura puede y debe retener el vehículo en caso de incumplimiento de las normas vigentes.
O sea que el Ministerio de Seguridad ratificó las disposiciones legales vigentes y precisó que si la Prefectura Naval no cumplía con la obligación de retener el vehículo en los casos mencionados, podía incurrir en el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
Ahora bien, frente a la presión de una cámara de televisión, el Ministro Montenegro ordenó violar la ley y desautorizó a la Prefectura en público, a pesar de que su propio Ministerio le había ratificado a esa fuerza de seguridad que debía actuar de la manera en que lo estaba haciendo.
No parece ser la mejor manera para conducir una fuerza de seguridad dar órdenes por escrito y ordenar violarlas en público.
Un Ministro que insta públicamente a violar la ley, debiera renunciar, aunque no parece ser ése el camino que se siga.
En todo caso, hasta es posible que pierda el trabajo el Director General de Seguridad Vial, porque respetar la ley no es una exigencia en el gobierno de Macri, al menos para algunos de sus Ministros. [Fuente: anibalibarra.org.ar]
